Luis Torres Redondo,
defensor de derechos humanos en Colombia
Con un historial de sindicalista y trabajador social, Luis Torres, de 59 años de edad, ha dedicado la última década de su vida a defender los derechos humanos de su comunidad, El Salado de Bolívar, en una región montañosa (los Montes de María) a unos cien kilómetros de Cartagena de Indias. Allí ha vivido, como muchos otros colombianos, masacres, desplazamientos masivos, intentos de retorno, encarcelamientos injustos y amenazas que le llevaron a buscar refugio en una localidad española, Gijón (Asturias) como parte del programa de apoyo a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Ahora afronta un difícil regreso a un país en el que, según un reciente informe de AI, el gobierno da luz verde al ataque contra defensores de derechos humanos.
P. Usted era presidente de la Asociación de Desplazados cuando fue detenido. ¿De qué le acusaban?
R. A mí, y a otros trece compañeros detenidos en diversas fechas nos acusaron de colaborar con la guerrilla, como consecuencia de nuestro trabajo a favor de la comunidad, y por exigir que se cumplieran los compromisos adquiridos con los retornados.
En Colombia te encarcelan sin más averiguaciones por denuncias de informantes que cobran por ello unos cuatrocientos mil pesos. Es la campaña «denunciar paga». En mi caso pude salir de la cárcel en poco tiempo porque se demostró que era un montaje. Decían que había matado a una persona que estaba viva, que vino a testificar a mi favor; y también que había dejado inválido a otro en un atentado, pero se supo que llevaba así muchos años por culpa de un accidente.
P. Sin embargo, a continuación se marchó refugiado. ¿Por qué?
R. Temía por mi vida. Cuando estuve preso, en la terraza de mi casa aparecía muchas mañanas una camiseta untada de sangre. Pero es más: cuando a uno lo judicializan, lo encarcelan, queda como blanco específico, incluso de la fuerza pública legal. Por eso me fui primero a Bogotá, y luego a Europa.
P. ¿Y por qué cree que le seleccionaron como blanco?
R. Nuestro pueblo, al que estábamos intentando retornar después del desplazamiento masivo que siguió a la masacre perpetrada por paramilitares en el año 2000, había sido militarizado. Los puestos de control dificultan el acceso de la población a servicios básicos, como el tanque donde nos abastecemos de agua. Además, la instalación de un puesto de mando nos hace vulnerables. Nosotros somos civiles, no somos combatientes, sin embargo nos ponen en el centro de un enfrentamiento entre la subversión y la fuerza pública. Nos hacen presa de cañón. Por eso interpusimos un recurso para quequitaran los puestos.
P. Piensa, por tanto, que su persecución tiene relación directa con sus recursos contra los puestos militares…
R. Sí. Además, el propósito de la militarización era contrarrestar y mermar la organización popular. Las autoridades piensan que estar al frente de una organización de derechos humanos es sinónimo de rebeldía. Pero es que nuestras denuncias les impiden actuar a su antojo. Hay que tener en cuenta que la fuerza pública es la mayor violadora de los derechos humanos en Colombia. Por eso intentan minar la organización que denuncia. Y en gran medida lo lograron. La nuestra quedó mermada, incluso dividida. Ellos buscan manejarla.
P. Pero la gente sigue resistiendo, pese a todo.
R. A raíz de las detenciones arbitrarias, incluso de algunos asesinatos, de las 300 familias que retornamos inicialmente, unas 100 se marcharon. Las familias de los que son acosados suelen irse, por miedo. Pero unas 200 familias siguen allí.
P. ¿Y qué les impulsa a quedarse en una situación tan difícil?
R. Nuestra comunidad era autosuficiente antes de 1997, vivíamos de la plantación de tabaco y de productos para el autoconsumo. Luego entraron los paramilitares y cometieron dos matanzas. En la segunda, en el año 2000, asesinaron a 38 compañeros de la comunidad, y a 100 en la región. Unas 3.500 personas se desplazaron de nuevo, tal como habían hecho en el 97. Pero los campesinos no podemos vivir en la selva de cemento. Allí somos mendigos, por eso organizamos una asociación de desplazados para rescatar nuestro pueblo y organizar un retorno voluntario, que tampoco es fácil. La gente resiste porque quiere seguir en su tierra.
P. Su programa de refugio en España termina en noviembre de este año. ¿Puede regresar a Colombia?
R. Lo veo con mucha preocupación. Estos meses nos permiten estar tranquilos, pero no del todo, porque nuestras familias siguen allí. Al salir de Colombia nos obligaron en el aeropuerto a dar nombre y dirección de nuestras compañeras e hijos. Pero mi preocupación es si será que habrá condiciones que garanticen mi regreso y el de los compañeros que están fuera. En estos días se va a hacer un acto en Gijón, donde estoy estos meses, por el compañero Luciano Romero Molina, que también estuvo refugiado allí y fue asesinado cuando volvió a Colombia.
También me pregunto si podré volver a trabajar por los derechos humanos o será que tendré que quedarme sentado, sedentario, y olvidarme de ser útil para una comunidad que lo necesita. En cualquier caso no iré de inmediato a El Salado. Incluso tendré que ver cómo están las cosas en Cartagena antes de ir allí.
P. ¿Ve alguna esperanza en Colombia?
R. No. Aunque algunos datos oficiales dicen que ha mejorado la situación en cuanto al desplazamiento, yo creo que es peor. Somos el segundo país del mundo con más desplazados internos: tres millones cuatrocientos mil. Si los programas de retorno no se respetan, si se acosa a los que vuelven sindicándoles de cooperantes con la guerrilla, no se dan las condiciones.
Las leyes dictadas por el presidente Uribe han empeorado la situación. La Ley de Justicia y Paz y las otras leyes de seguridad democrática sólo sirven para estigmatizar a la población civil, y permitir la impunidad de los actores armados paramilitares de la extrema derecha. El victimario tiene más prerrogativas por los delitos que ha cometido que la víctima.
Amnistía Internacional no comparte necesariamente las opiniones expresadas en este artículo.
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